Se temía que su texto ambiguo tuviera efectos contraproducentes.

Con 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones, el Parlamente Europeo rechazó el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, según sus siglas en inglés), cuyo objetivo era mejorar la aplicación de las normas internacionales contra la piratería.

"Estoy muy satisfecho de que el Parlamento haya seguido mi recomendación de rechazar ACTA", declaró el diputado David Martin (Reino Unido). Según Martin el tratado era demasiado ambiguo y quedaba abierto a interpretación, por lo que podría afectar a las libertades civiles de los ciudadanos. Aún así, el ponente señaló que es necesario encontrar maneras alternativas de proteger los derechos de propiedad intelectual.

La ambiguedad del texto del tratado generó la preocupación de que su aprobación pudiera hacer que los consumidores de productos falsos sean también considerados criminales, al igual que los proovedores de Internet como resultado de las acciones de sus usuarios, e incluso se temía que el ACTA pudiera afectar el comercio legítimo de medicamentos genéricos.

Incluso organizaciones como Médicos Sin Fronteras se opusieron a su aprobación. "ACTA tenía como objetivo proteger contra la falsificación distintas industrias, incluida la de los medicamentos, en la que fue sostenida como una forma de bloquear las potencialmente peligrosas medicinas falsas", afirma un comunicado de esa organización. Sin embargo, continúa, "su amplia definición de "falsificado" dejaba mucho espacio para posibles errores".

Uno de los principales defensores de ACTA en el Parlamento Europeo, el diputado sueco Christofer Fjellner, había solicitado sin éxito que se aplazara el voto hasta que el Tribunal Europeo de Justicia sentencie si el acuerdo era compatible con la legislación comunitaria. Al rechazar la mayoría del pleno la petición de Fjellner, un número considerable de diputados respondió absteniéndose en el voto final.

Durante el debate sobre si debía o no aprobar ACTA, el Parlamento recibió la presión directa de miles de ciudadanos europeos, que, mediante manifestaciones, correos electrónicos y llamadas a las oficinas de sus diputados, reclamaron a la Eurocámara que se oponga al acuerdo. Además, el PE admitió a trámite una petición apoyada por 2,8 millones de personas de todo el mundo que pedía rechazar el tratado.